Disparidad entre el ritmo de los avances tecnológicos, leyes y reglas para obtener el máximo provecho son pendientes.

El sector de las telecomunicaciones convergentes en México ha crecido 6.8% al año durante el presente sexenio, cifra positiva comparada con el comportamiento de la economía en su conjunto, incluso dentro de una recesión mundial, que resulta de los avances de la tecnología y el mercado.

“En lo que toca a la regulación, su contribución ha sido deficiente, en su mayoría frenadas por un marcado conflicto de litigios en beneficio de los operadores dominantes y afectando la sana competencia y a la sociedad en general”, apunta la consultora en telecomunicaciones CIU-NET.

UN MARCO FUERTE

México ha logrado avances muy relevantes y ha fortalecido significativamente su marco constitucional, jurídico y regulatorio.

Entre otros rubros, apunta el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se estableció una división clara entre la formulación de políticas públicas y la regulación, y eliminó la “doble ventanilla”, que implicaba que un proceso regulatorio se realizara dos veces ante dos autoridades diferentes.

Se fundaron dos órganos autónomos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), con amplios poderes para aplicar la regulación independiente basada en evidencia, y cuyos comisionados están sujetos a un proceso transparente de nominación y cuentan con nombramientos de plazo fijo.

Se promovió la inversión al eliminar las restricciones a la inversión extranjera directa en todos los mercados de servicios de telecomunicaciones y de servicios de comunicación satelitales, lo cual ha permitido la entrada de nuevos participantes a estos mercados, impulsando así la competencia y fomentando la disponibilidad de tecnologías avanzadas y la adquisición de conocimientos especializados en dichos mercados.

Inició la instrumentación del proyecto Red Compartida, una red compartida mayorista de servicios móviles que ofrecerá capacidad de datos a otros operadores de red y a los operadores móviles virtuales, y que abrirá la posibilidad de desarrollar nuevos modelos de negocio que podrán aprovechar una infraestructura nacional de tecnología 4G, ampliando así el acceso a servicios en zonas desatendidas.

En resumen, tanto la tecnología como el mercado avanzan a tasas muy superiores a las de la economía en su conjunto.

 

¿Y LA REGULACIÓN?

 Una reforma que desde el inicio del sexenio ha estado ausente del centro de la atención es la de las telecomunicaciones, sector escasamente mencionado en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Otra prueba de ello es que somos ya de los pocos países en la región latinoamericana y en el continente que carecemos de una Agenda Digital”, señala CIU-NET.

En este escenario de retraso regulatorio no todo es magro, hay ciertos avances.

Sin embargo, la mayor parte de estos se encuentran interrumpidos, en discusión o bajo un proceso legal para evitar su aplicación a favor de los operadores con poder monopólico y en contra de la competencia y el consumidor final de estos servicios.

Algunas acciones regulatorias emprendidas, si bien en su mayoría no concretadas, en lo que va del sexenio revelan los traspasos.

Si la tecnología avanza rápida e ininterrumpidamente y los mercados están hambrientos de esos servicios en términos de mayor cobertura, calidad y precios competitivos, ¿qué es lo que frena nuestros avances para ubicarnos en niveles comparables a los de nuestros pares regionales y económicos?

“Es la regulación”, asegura CIU-NET.

En parte esto es atribuible a la rotación excesiva de servidores públicos en un sector especializado, a la falta de una Agenda Digital Nacional que ponga el tema de conectividad en el centro de la discusión política dada su transversalidad para lo cual es recommendable que sea un proyecto encarnado por la misma Presidencia de la República y, más importante aún, para explicar el rezago: los vericuetos litigantes de los operadores dominantes y sus escuderos que, sumados a los titubeos en el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades regulatorias para aplicar la ley, ceden ante las agendas políticas personales y grupales de agentes políticos y otros actores públicos impregnados de un dogmatismo que raya en el fundamentalismo de ideas en perjuicio del desarrollo del sector.

Si acaso la evolución del mercado de las telecomunicaciones ha sido exitosa y la regulación sub-óptima, ¿qué pasaría si la regulación fuera al ritmo del mercado y la tecnología? Se reducirían las brechas digitales y de desarrollo; y las contribuciones al crecimiento y desarrollo económicos de México serían cercanas a los dos dígitos.

“O, ¿resulta tan difícil hacer esta aritmética regulatoria en pos del desarrollo del sector y la sociedad en su conjunto?”, concluye CIU-NET.