Mientras en México la corrupción crece, otras naciones de Latinoamérica han llevado a la cárcel a altos funcionarios.

Por Eric Gaxiola Aldama*

 

Gracias a la insistente presión organización de la sociedad civil, países latinoamericanos como Guatemala y Brasil han logrado avances significativos en materia de rendición de cuentas que han puesto frente a la justicia a presidentes, políticos y empresarios de alto nivel, algo que en México es todavía una asignatura pendiente.

 

GUATEMALA, EJEMPLO MUNDIAL

En esta pequeña nación de Centroamérica se alinearon todas las piezas para llevar a un presidente a la cárcel.

¿Cuáles son esas piezas? Después del conflicto armado interno (que concluyó en 1996) quedaron vivas las estructuras de contrainsurgencia del Estado, que operaban como redes parecidas a las mafias.

Una coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG´s) de derechos humanos lanzó una campaña para persuadir al gobierno de establecer un órgano que investigara las actividades de esos grupos.

El gobierno pidió ayuda a la Organización de Naciones Unidas (ONU). Así surgió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Este organismo tiene la facultad de iniciar acción penal o adherirse a las iniciadas por el Ministerio Público, la otra pieza fundamental en esta trama, que a raíz de la reforma constitucional de 1993 se constituyó en un órgano autónomo. Su máxima autoridad es el fiscal general, pieza número tres del rompecabezas.

Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz demostraron lo que un fiscal independiente y fortalecido es capaz de lograr: llevar a un presidente y buena parte del poder político de un país a juicio. Y luego está el juez de los casos, Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, al que se le asignó el caso La Línea, una estructura criminal que recibía sobornos de importadores para evadir el pago de impuestos de aduana, en la que estaba involucrado el ahora ex presidente Otto Pérez Molina.

El congreso también jugó un papel clave: votó a favor de retirarle la inmunidad a Pérez Molina, con lo que la fiscalía pudo emitir orden de captura para él por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, y caso especial de defraudación aduanera.

La presión social cerró la pinza. Miles de guatemaltecos salieron a la calle a exigir la renuncia de Pérez Molina y de su vicepresidenta Roxana Baldetti. En septiembre de 2015, el ex mandatario fue detenido.

Ahora, sin embargo, todo ese avance contra la impunidad en Guatemala está en jaque. El actual presidente Jimmy Morales pretende expulsar del país al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez.

¿Por qué quiere echarlo? El Ejecutivo se enteró que la CICIG y el Ministerio Público llevan semanas investigando el financiamiento electoral de la segunda vuelta de 2015 y podrían llegar hasta él mismo.

Todas las piezas deberán aceitarse para defender la cero impunidad en Guatemala. La gente deberá volver a salir a las calles, como ya lo está haciendo, y las autoridades involucradas en este caso tendrán que resistir el embate.

 

EL ESCÁNDALO BRASILEÑO

La red de la corrupción multinacional quedó expuesta en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, en Brasil.

Allí actúa el juez de primera instancia Sergio Moro, quien, en 2014, inició una investigación sobre el mercado ilegal de cambio en una red de gasolineras (de ahí el nombre Lava Jato). La pesquisa lo llevó a descubrir una compleja red de sobornos entre políticos a cambio de contratos con Petrobras.

El caso fue creciendo hasta llevar a prisión a una serie de empresarios y políticos.

Entre esos funcionarios está el ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, quien tiene en curso cinco procesos por corrupción y lavado de activos. Se le acusa de haber recibido sobornos de la constructora OAS.

Además, Marcelo Odebrecht confesó haberle entregado US$4 millones, entre 2012 y 2013, para su campaña presidencial. También reveló que en 2010 abrió una cuenta de US$13 millones a nombre del exmandatario.

Lula fue hallado culpable de aceptar sobornos de OAS por US$1.1 millones de dólares y condenado a nueve años y medio de prisión, aunque tiene derecho a apelar la sentencia y en todo ese proceso no pisará la cárcel.

En tanto, la exmandataria Dilma Rousseff se encuentra también en la lista negra. Es investigada por una supuesta intención de favorecer a Odebrecht con maniobras de obstrucción a la justicia.

Además, la constructora ha dicho que en 2010 y 2014 le entregó sumas millonarias para sus campañas presidenciales. Hay también otros ex presidentes y altos funcionarios que han parado en la cárcel o están bajo investigación en Brasil, incluso miembros y ex integrantes del equipo gubernamental del actual mandatario, Michel Temer.

Inspirado en la operación “Manos Limpias”, que acabó con una compleja red de corrupción política en Italia en los años 90, y experto en lavado de dinero, el juez federal Sergio Moro emprendió esta lucha que por momentos ha enfrentado al poder judicial con el político y que ha dividido a la sociedad brasileña.

 

IMPUNIDAD HECHA EN MÉXICO

En 2014, una investigación de Aristegui Noticias descubrió el caso de “La Casa blanca” del presidente Enrique Peña Nieto.

El equipo de periodistas, dirigidos por Daniel Lizarraga, develó que el mandatario posee una casa en Las Lomas, Ciudad de México, con valor de US$7 millones, construida a su gusto por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro, y que antes levantó obras en el Estado de México, cuando Peña fue gobernador.

Como consecuencia del escándalo, los reporteros de Aristegui Noticias perdieron su trabajo en la emisora MVS Noticias. Se revocó la licitación del tren, y no pasó nada más, puesto que Peña Nieto ordenó, el 3 de febrero de 2015, una investigación a la Secretaría de la Función Pública para determinar si él, su esposa o el secretario Luis Videgaray (a quien también se le encontró una casa “incómoda”) habían incurrido en conflicto de interés.

Fue el mismo Peña Nieto quien nombró al ex consejero electoral Virgilio Andrade como titular de la Secretaría.

Después de varios meses de investigación, Andrade anunció el 21 de agosto de 2015 que no había conflicto de interés en la adquisición de la Casa blanca. Este funcionario indicó que la esposa del presidente, Angélica Rivera, la había comprado con “el patrimonio exclusivo de la señora”, obtenido en su carrera como actriz de Televisa. La investigación también exoneró a Videgaray y asunto zanjado.

Y ahora, mientras presidentes y altos funcionarios caen no sólo en Brasil, también en Perú y República Dominicana, por el escándalo Odebrecht, la sociedad mexicana está a la expectativa por ver si la Procuraduría General de la República emite orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, a quien Marcelo Odebrecht acusa de haber recibido dinero de su empresa.

Las sospechas de que dinero de la compañía haya llegado hasta la campaña de Peña Nieto, como en el caso de otros presidentes de la región, pende en la escena política del país, aunque Odebrecht lo ha negado.

Existen amplias dudas acerca de una investigación contundente al respecto, sobre todo porque la Procuraduría General de la República dejará de existir para dar paso a la Fiscalía General de la República, y el gobierno pretende crear un paquete de impunidad que dé el pase automático al actual procurador, Raúl Cervantes, como fiscal general.

Por cierto a Cervantes se le considera un subordinado del presidente.

Sumado a esto, la mayoría de la sociedad mexicana está callada y quieta frente a esto. Así que ni fiscal independiente, ni juez, ni congreso, ni sociedad que parezca emular lo que se está haciendo en otros países de América Latina para hacer frente a la corrupción.

*Licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Cuenta con 20 años de experiencia como consultor en comunicación para diversas empresas nacionales y multinacionales de sectores como el farmacéutico, Tecnologías de la Información, finanzas, medio ambiente e industrial. Actual director de Comunicación y Relaciones Públicas en la agencia Psiquepol